Se ha conocido recientemente el interés de que los productores de soja transgénica certifiquen su producción. Se hará a través de la Asociación Internacional de Soja Responsable (RTRS, por su sigla en inglés) con apoyo y participación del Estado.
Empresas agroindustriales, ONGs y algunos organismos del Estado han participado en negociaciones con el objetivo de unificar criterios para la certificación de la soja. Entre otros: la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (RENARE), dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP); Agronegocios del Plata (ADP); Cargill; Alcoholes del Uruguay (ALUR, empresa agroindustrial de la petrolera estatal ANCAP, con un 10 por ciento de participación de la petrolera estatal venezolana PDVSA); Asociación Uruguaya pro Siembra Directa (AUSID); Federación Uruguaya de Grupos CREA (FUCREA, federación que agrupa a los grupos CREA, generalmente integrados por pequeños propietarios, en todo el país); Erro (empresa comercializador a de granos, semillas, agrotóxicos, logística y servicios); Fundación Ecos (asociación civil sin fines de lucro); Los Grobo/ADP (empresa agroindustrial, gran productora de soja, con sede en Argentina y actuación en ese país, Brasil y Uruguay); representantes del LSQA (Laboratorio Tecnológico del Uruguay -LATU- y Sistemas Quality Austria) y Campo Afuera. (1)
Por su parte, RTRS son las siglas de la Round Table on Responsible Soy (conocida en español como Asociación Internacional de Soja Responsable) e integrada por los principales actores en la cadena de la soja. Fue fundada en Suiza en 2006 y su Secretariado Ejecutivo está radicado en Buenos Aires. Además de su variopinta integración, cuando se observan las normas y el proceso de certificación establecidos por la RTRS, claramente se percibe que se trata de un oxímoron: “certificar lo incertificable”.
Para comenzar, el estándar RTRS se caracteriza por ser neutro e incluyente. Certifica cualquier tipo de soja, ya sea esta transgénica, orgánica o convencional y es aplicable tanto a grandes como a pequeños productores. Con esto, se pretende dar la idea de que los tres cultivos son iguales, como iguales son pequeños y grandes productores.
La RTRS justifica su existencia en la “preocupación de sus miembros por la necesidad de una certificación que garantice una soja responsable”. A continuación transcribimos y comentamos esas seis inquietudes. (2)
1.- “Existencia de sistemas de producción de soja con base en prácticas agrícolas no sostenibles que puedan generar erosión y contaminación de suelos y aguas”.
Consecuencias que han sido ampliamente discutidas tanto en el ámbito internacional como nacional. En 2010, la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (RENARE) de Uruguay, presentó un “Plan de uso y manejo de suelos” a partir de la constatación de que se estaban erosionando grandes extensiones, sobre todo por el cultivo de soja transgénica, el mayor cultivo del país. Si ya existe un Plan elaborado por un organismo del Estado, ¿es necesaria una certificación privada para que ese Plan se cumpla? Si los que certifican son una minoría de los productores, ¿la mayoría podrá continuar erosionando y contaminando impunemente?
2.- “Uso irracional de agroquímicos”.
Sería importante qué la RTRS aclarara, ya que admite que hay un uso “irracional” de agrotóxicos, ¿cuál es su uso “racional”? Además de ser producida en régimen de monocultivo -ya de por si “no sostenible”- la soja transgénica demanda el uso masivo de agrotóxicos. Su característica transgénica la dota de tolerancia al glifosato -un herbicida que cada vez se utiliza en mayores dosis debido a la resistencia que adquieren las hierbas no deseadas- además, se le aplican insecticidas y funguicidas, generalmente mezclados, con el resultado que se potencian entre sí. La soja transgénica, especialmente la variedad RoundupReady (RR) de Monsanto (compañía que es miembro de la RTRS) normalmente nunca podría figurar como racional, responsable o sustentable.
3.- “Pérdida de biodiversidad y deforestación asociada a la producción agrícola-ganadera”.
Algo que también a nosotros nos preocupa. Nuestro país ha tenido -y sigue teniendo- un importante menoscabo de su biodiversidad como consecuencia del monocultivo y el uso de agrotóxicos: flora y fauna destruidas, montes nativos eliminados, es parte del precio que se paga por cultivar soja destinada a la exportación.
4.- “Riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores”.
A cuenta de mayor cantidad, nos gustaría se nos respondiera a una simple pregunta: ¿Cómo la RTRS controla las medidas adoptadas para eliminar estos riesgos? Nada se dice sobre cómo se monitoreará el cumplimiento de estos criterios. Si existe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con su Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, si el país ha ratificado el Convenio 184 de la OIT, ¿es necesaria la certificación para que estos riesgos se controlen?
5.- “Relaciones de los productores de soja con las comunidades que los rodean (en algunos casos, la existencia de conflictos sociales).
Las comunidades cercanas a los cultivos de soja son afectadas tanto por las fumigaciones aéreas, como por las terrestres mediante “mosquitos” -vehículos aplicadores de químicos que llegan a “pasearse” por ciudades y poblados- según surge de las denuncias originadas en distintos puntos del país. Las medidas adoptadas por el Estado, cuando existen, no son suficientes y en la práctica son los dueños o los arrendatarios de los campos quienes “hacen la ley”. Las protestas, denuncias y movilizaciones ciudadanas frente a las graves consecuencias para su salud provocadas por las fumigaciones, no se acallarán con certificaciones.
La certificación: un engaño a ojos vistas.
La RTRS argumenta que con su certificación se benefician: grandes productores (El Tejar, Los Grobo, Grupo André Maggi, etc.); compañías que controlan las semillas (Nidera, Louis Dreyfus, etc.); supermercados europeos (Mark & Spencer, Carrefour, etc.); transnacionales que controlan los alimentos para animales (Nutreco, Cargill, Bunge, etc.) y los alimentos para humanos (Unilever, Nestlé, Danisco, etc.); productores de agrocombustibles (BP, Shell, etc.) y algunos grandes bancos internacionales (International Finance Co., Santander, etc.).
¡Y es precisamente por eso -y porque conocemos bien a algunos de esos actores- que no confiamos en esta certificación! Además, como muchos de ellos son a su vez miembros de la RTRS, la transparencia en el otorgamiento de la certificación es más que discutible.
Cuando el 14 de noviembre de 2011 se realizó la Primera Jornada de la RTRS en Uruguay, además de un representante de la misma, habló Fabián Martínez, Gerente de Compras de Commodites América de Unilever, quien manifestó el interés de la empresa en adquirir materias primas 100 por ciento sustentables y que por lo tanto apoya la certificación de soja responsable. Como dato interesante, hay que señalar que Unilever integra el comité ejecutivo de RTRS. También habló Justo Domínguez, director ejecutivo de Caldenes S.A., empresa agrícola argentina que piensa certificar unas 10.000 hectáreas de soja, toda transgénica, por supuesto.
Las empresas que adquieran soja certificada RTRS estarán autorizadas a utilizar este logo.
La sospechosa flexibilidad de la certificación RTRS
La aplicación del estándar RTRS se realiza según las características de cada país (al parecer, lo que es irracional en uno puede resultar racional en otro) y para ello en cada país se crea un Grupo Técnico Nacional. En el caso de Uruguay este Grupo Técnico, congruente con la mezcolanza que practica RTRS, estuvo integrado por representantes del RENARE, Agronoegicios del Plata (ADP), Cargill, ALUR, AUSID, FUCREA, Erro, Fundación Ecos, Grobo/ADP, LSQA, LATU y Campo Afuera. Nos detendremos en tres de ellos:
RENARE – Es un organismo del Estado responsable de formular la estrategia nacional sobre el uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y regular su uso. Además, en el MGAP también funcionan la Dirección General de Servicios Agrícolas, cuya responsabilidad es desarrollar y ejecutar las políticas fitosanitarias y de calidad vegetal, así como de calidad e inocuidad de los alimentos vegetales; la División de Protección Agrícola, siendo sus funciones principales proponer, desarrollar, coordinar y dar seguimiento a las acciones referidas a vigilancia y mejora fitosanitaria y la certificación para la exportación; la División Protección de Alimentos Vegetales, con los objetivos de defensa de la buena fe y economía del productor, garantía contra la competencia desleal al industrial e importador honesto, preservar la salud animal y humana, desarrollar coordinar y dar seguimiento a los sistemas de control de calidad de alimentos vegetales, elaborar normas técnicas de alimentos vegetales (cuenta con un laboratorio analítico) y el Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica.
¿Qué hace entonces un organismo como el RENARE participando en una iniciativa de dudosa finalidad y efectividad? ¿No piensan las autoridades del MGAP que sus funcionarios, en lugar de estar ocupados en cabildeos destinados a beneficiar a grandes capitalistas, deberían estarlo en cumplir con lo que la ley les mandata y para lo cual perciben un salario?
Quien como la RTRS se denomina “responsable”, no ignora que responsable es el obligado a responder de algo o por alguien, de manera que lo que realmente procura es la responsabilidad ante sí misma. Un productor que no cumpla con los criterios de la RTRS tendrá como única sanción perder su certificación, medida mucho más benigna que cuando no se cumple una ley. Además, aquel productor que no desee seguir siendo certificado podrá, sin ningún impedimento, salir del sistema y utilizar métodos y prácticas que el mismo no le permitía, algo muy distinto a las consecuencias que conlleva el desconocer una ley.
En consecuencia, el objetivo no confesado de la RTRS y su certificación, es eliminar al Estado en cualquier control sobre la producción de soja, sustituyéndolo por un dudoso e inocuo autocontrol. Lo increíble es que organismos del propio Estado se presten a este juego.
ALUR – Produce etanol y el llamado biodiesel, utilizando como materias primas caña de azúcar, maíz y sorgo dulce. Si la soja no figura entre sus insumos, ¿qué hace ALUR integrando el Grupo Técnico? ¿Acaso ALUR piensa que la RTRS sirve tanto para un fregado como para un barrido y terminará certificando sus agrocombustibles?
Fundación Ecos – Esta ONG tiene su sede en Uruguay, en las cercanías de Punta del Este en el departamento de Maldonado, donde el cultivo de soja es marginal. Es la sede local de una organización internacional, fundada en 1994. Su objetivo es “convertir en acción los principios del desarrollo sustentable” y sus beneficiarios “los decisores de la comunidad: empresarios, sindicalistas, profesores y funcionarios, entre otros. Su presupuesto anual es de 150.000 a 200.000 dólares provenientes de la ONG World Wildlife Fund (WWF). Esta controvertida ONG (certifica desde palma aceitera a productos pesqueros y está solicitando créditos de carbono para la soja RR de Monsanto certificada por RTRS) integra la RTRS.
¡Linda familia la certificadora!
Fuente: RAPAL Uruguay – UITA
Notas:
(1) Pese a nuestros esfuerzos, no hemos podido identificarla.
(2) Soja responsible RTRS, El valor de la certificación, El País, Montevideo, 25.1.12 http://www.elpais.com.uy/….
